Expertos y políticos apoyan cambios en charla “Estado de Derechos Social y Derechos Sociales en una Nueva Constitución”

El vital desempeño de las universidades y sus escuelas de Derecho en la conexión con la ciudadanía en el proceso que actualmente vive el Chile fue destacado por el Rector Universidad de Valparaíso, Christián Corvalán, al dar el puntapié inicial de la magistral charla denominada “Estado de Derechos Social y Derechos sociales en una Nueva Constitución”, evento inserto en el Ciclo denominado “Diálogos Regionales para el Proceso Constituyente”, donde se desarrollan conversatorios virtuales y abiertos a la ciudadanía ofrecidos por la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), la Academia Parlamentaria, y la Agrupación de Universidades Regionales (AUR), emitidos en vivo Vía Streaming en www.bcn.cl  y por diversas redes sociales.

Refiriéndose al proceso que se concretará con el plebiscito nacional del próximo 25 de Octubre del 2020, Corvalán dijo que “se trata de un hecho histórico donde las universidades hemos sido parte fundamental del debate, especialmente, desde octubre del año pasado donde diversos expertos de las universidades han estado explicando sobre la importancia de la constitución en la vida de una sociedad”.

En el webinar, el analista del Departamento de Asesoría Técnica Parlamentaria de la BCN y abogado, Pedro Guerra, presentó las aproximaciones Político-Económicas a los Derechos Sociales y el Estado de Bienestar, insertando la conversación de los Derechos Sociales y que tiene que ver con la configuración de los modelos de los “Estados de Bienestar” a través del siglo XX en Europa.

El experto explicó que los Derechos Sociales van en una línea de tercera generación: “Tenemos en el siglo IX el auge de los Derechos Civiles (liberales), en el siglo XX vemos el auge de los Derechos Políticos (participación) y una tercera generación que tiene su consagración desde la mitad del siglo XX en adelante y que son los Derechos Sociales (estado de bienestar)”, puntualizó.

Haciendo énfasis en el “Estado Social como fórmula en la Constitución que queremos”, basado en sus libros presentados desde el 2015, el abogado y profesor titular de la U. de Valparaíso, Christian Viera fue enfático en argumentar que “los Derechos Sociales no son meras prestaciones económicas, estos apuntan a concretar el ideal de la ciudadanía, pero como una forma de membresía y pertenencia común o igualitaria. Para que esta pertenencia sea igualitaria, y por lo tanto, avance más allá de la pura pertenencia formal, los Derechos Sociales asumen la labor de contribuir a eliminar las brechas económicas y de convivencia social”.

Durante su presentación el catedrático realizó una encuesta donde se preguntaba a los asistentes sobre qué tipo de Estado tiene la República de Chile, y la audiencia contestó que hoy se percibía a nuestro país como un Estado Subsidiario donde los tipos de derechos que deberían establecerse en una Constitución son Salud, Educación y la Igualdad como un anhelo. Viera agregó que para la salud de un Estado democrático son también fundamentales la Libertad de Expresión y la Libertad de Consciencia, “un entramado de derechos civiles y políticos”, argumentó.

Agregó que “tradicionalmente se sostiene que los Derechos Sociales dependen de la capacidad económica del Estado. Esto no es así, se trata más bien de una opción política, incluso en circunstancias de escases”.

El Doctor en Derecho habló el coeficiente Gini y los indicadores de desigualdad que arroja Chile respecto a otros países a los cuales nos queremos comparar, deduciendo que nuestro gasto social es bajo (10% app.) y gran parte de este se encuentra cubierto por organismos privados (por ejemplo, familia o deuda).

Apoyando esta conclusión la diputada por Valparaíso Camila Rojas (Partido Comunes), comentó de los impedimentos que observa respecto a un Estado Social y de Derechos Sociales en la Constitución actual son la presencia de algunas contradicciones, por lo que “hacia dónde debería apuntar una nueva Carta Magna es a dar garantías de Derechos Sociales, en especial, en Educación”.

La parlamentaria se refirió al Estado Subsidiario y dijo que en el Artículo 1°, Inciso 3° de la Constitución, el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos; “en definitiva”, subrayó, “lo que hace ese Artículo es que el Estado no se opone necesariamente al mercado. De hecho, el Estado Chileno ha potenciado al mercado en un caso específico: el mercado educativo, donde los privados tienen preferencia para desarrollar actividades no exclusivas del Estado y reciben apoyo estatal”.

En materia de Salud y los Derechos Sociales, el legislador Andrés Celis (RN), integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados,  puntualizó que no es posible que “otro poder (el Judicial) tenga que suplir, a medias, una falencia que hoy tiene el poder Ejecutivo y Legislativo, respecto a la protección de la Salud”.

El diputado por el Distrito 7 recalcó que es muy interesante lo que señala la Constitución actual sobre Derecho de Salud y cómo los fallos de los tribunales han ido cambiando respecto a los recursos de protección que han interpuesto distinto padres en relación a los medicamentos que el Estado no les provee a sus hijos frente a graves enfermedades. 

Como ejemplo, Celis se refirió a que durante el 2011 “los tribunales se aferraban al Artículo 19, Numeral 1, referente al Derecho a la Vida y se desligaban del tema por ser algo relativo a lo financiero. Hoy, a través del recurso de protección, tanto la Corte de Apelaciones como la Suprema, comenzaron a señalar que, existe una persona que necesita un medicamento porque existe el derecho a la vida, integridad física y psíquica donde el Estado tiene la obligación de resguardarlo”.

Al término de la jornada el diputado Andrés Celis fue enfático en decir que “para garantizar el que toda persona tenga acceso a un trato de salud igualitaria, que resguarde su integridad física y psíquica, la redacción de la nueva constitución debe garantizar en su articulado el derecho a la vida y tener otro articulado donde se debe registrar el derecho a la salud plena e integral, sin dejar espacio a interpretaciones”.