Como actividades legítimas, que forman parte del proceso democrático “si son efectuadas en forma transparente y de cara a la ciudadanía” son explicados el lobby y la gestión de intereses particulares por la abogada de la Oficina de Informaciones de la Cámara de Diputados, Verónica Seguel, quien dictó una clase sobre este tema, dentro del Ciclo de Charlas que desarrolla la Academia Parlamentaria.
Sobre la Ley N° 20.730 que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, entre otras cosas, la profesional dijo -en forma concreta- que “el lobby siempre ha existido, desde que se llevan a cabo procesos en que ciertas personas, autoridades y funcionarios, toman decisiones, por un lado, y, por otro lado, hay personas o entidades que son afectadas por esas decisiones. No tiene nada de malo si se actúa de manera transparente”.
La abogada explica que la finalidad de la Ley N° 20.730 es transparentar, es decir: “que los ciudadanos sepan con quiénes se reúnen las autoridades y funcionarios que poseen la facultad de tomar decisiones en el ámbito público, qué información reciben, qué argumentos escuchan y qué intereses particulares representan las personas a quienes reciben”.
Lamentablemente, según cuenta la profesional, existe en la ciudadanía una percepción bastante negativa acerca de los lobbistas y gestores de intereses particulares, asimilándolos a personas que trafican influencias. Sin embargo, la posibilidad de que los tomadores de decisiones, en condiciones de transparencia y de igualdad de trato, escuchen la mayor cantidad y diversidad de posiciones y puntos de vista acerca de un tema podría incluso mejorar el diseño y los resultados de las políticas públicas, tanto para beneficio de los directamente interesados como de la sociedad en su conjunto.
Agregó que, en Chile, la ley establece que cada órgano autónomo debe poseer un registro de Agenda Pública. En el caso del Congreso Nacional, los entes que supervisan el cumplimiento de la llamada “Ley de Lobby” son la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados y su homóloga del Senado.
Tras ser consultada acerca de cuáles países están a la vanguardia en la transparencia de este tema, Verónica Seguel comentó que Canadá sería un buen ejemplo. Explicó que en este país la información está más centralizada, existe un registro único de Agenda Pública, hay una entidad encargada de supervisar que las normas se cumplan. También se pone mayor énfasis en la supervisión de las actividades que desarrollan principalmente los lobbistas y los gestores de intereses particulares, “quienes son los que deben informar acerca de sus actividades, en vez de los sujetos pasivos, respecto de quiénes se ejerce esta actividad, es decir, las personas que toman decisiones y que son las que son contactadas por los sujetos activos de lobby, con la finalidad de representar, promover o defender determinados intereses particulares frente a procesos de toma de decisión”, concluyó.