GRAN INTERÉS DESPERTÓ LANZAMIENTO ONLINE DE LIBRO DEL INDH QUE ANALIZA TRABAJO LEGISLATIVO

INDH lanza libro “Principales Informes del  INDH al Parlamento 2021”

FUENTE: INDH

Como “realmente importante contar con un libro como este” calificó el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica de Temuco, abogado y magíster en Derecho Penal, Javier Velásquez, quién destacó que los informes que registra el libro “nos permite plantear y discutir cómo estamos desarrollando la técnica legislativa al ver cómo en estas  importantes áreas se van repitiendo ciertos temas y se puede, inevitablemente, hacer un diagnóstico de los problemas en materias centrales que están detrás de estos proyectos de Ley”.

El experto y doctor en Criminología de la Universidad de Glasgow fue quien comentó el primer capítulo de la 6ª Versión del Libro “Principales Informes del INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) al Parlamento 2021”, enfocándose en el primero, de sus ocho capítulos, relativo a la legislación del Sistema Penal, Orden Público y Uso de la Fuerza.

El evento online, organizado por la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia del INDH, apoyado por la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputadas y Diputados y transmitido por la señal de televisión CDTV, fue presentado por la coordinadora de Seguimiento Legislativo del Instituto, Alejandra Llanos, quién destacó que el texto también aborda temas relativos al Medioambiente y diversidad, y Reconocimiento y protección de los derechos humanos de las personas mayores.

En la línea del Sistema Penal, Orden Público y Uso de la Fuerza, Javier Velásquez, preguntó cuál sería el estado de la regulación policial de Carabineros.  A juicio del académico, “en algunas áreas, particularmente en el uso de la fuerza, hay poca regulación. Históricamente ha existido poca y gran parte de la regulación operativa, particularmente de Carabineros, es secreta. Existen unos protocolos que son públicos”, puntualizó.

Velásquez dijo que los proyectos de ley que intentan abordar este tema en general “son minimalistas, que no se arriesgan a incorporar algunos principios del derecho internacional de los derechos humanos”.

Además, ejemplificó que el uso de armas no letales con consecuencias graves no es algo que apareció en la crisis social, existen casos previos, como en el de 2012 donde hay sentencias judiciales que permiten afirmar que en las manifestaciones de Aysén se usó munición en contra de manifestantes y se produjo trauma ocular.

El abogado comentó que extrapolado esto a la crisis social “un informe de la Unidad de Trauma Ocular del Hospital Salvador dice que, entre el 19 de octubre y el 30 de noviembre de 2019, atendieron a 183 personas con lesiones que ellos identificaron por impacto de proyectiles de energía cinética, descartando otras lesiones. Al menos 80 terminaron con lesiones oculares permanentes y un porcentaje menor quedó con ceguera legal. Es algo que en la literatura médica no tiene reportes similares. El único ejemplo donde hubo casos reportados mayores que en Chile fue India. Ni en Francia ni en España ni en Colombia se produjeron tantos heridos en un período tan corto”, comparó.

En la situación actual, dijo, “los funcionarios de la policía que durante el estallido social usaron la escopeta pueden en la causa penal, legítimamente, argumentar que el arma estaba autorizada y legitimada por la institución policial. ¿Quién está a cargo de solicitar una rendición de cuentas sobre la autorización para este tipo de municiones? En virtud del Código de Justicia Militar la información técnica sobre las municiones es secreta, en el caso de Carabineros”, recordó en magíster.

“Tenemos un gran espacio de discrecionalidad en el uso de la fuerza. De cierta manera este proceso ha sido intencionado, en el sentido de que se ha decidido política y legislativamente. Hasta ahora no se ha problematizado la necesidad de que la regulación policial sea a través de normas y que se requiere que la normativa tenga aplicación efectiva en la operación de la fuerza policial. No requiere una mirada no sólo normativa, sino que además requiere una mirada operativa”, describió el doctor en Criminología de la Universidad de Glasgow.

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